Hemos sido testigos de cómo tanto el Gobierno del Distrito Federal (GDF) como las delegaciones autorizan grandes desarrollos con efectos perniciosos para la ciudad y que les “imponen” medidas de mitigación del daño (compensación) que no lo mitigan (en el mejor de los casos) y/o se establecen medidas acordes a los intereses de los mismos desarrolladores en el espacio público. En otras palabras, se utiliza el espacio común como un instrumento para garantizar el beneficio privado, con pocos o nulos beneficios sociales.