La Procuraduría capitalina realizó un par de operativos dentro de sus propias instalaciones, luego de que descubrió que los responsables de dos de sus agencias, pagaban 500 pesos a personas ajenas a la institución para que realizaran labores de Ministerio Público. Los pseudo funcionarios tenían acceso a los expedientes, hacían diligencias, tomaban declaraciones y manipulaban averiguaciones previas.